Justicia

Voy a contaros una historia larga, larga por la necesidad de que quede bien explicada, y, también, por la necesidad de pediros ayuda y mostrar el caso como advertencia para todos aquellos que recogéis animales.

                A finales de noviembre de 2015 volvía yo del monte con los perros cuando comenzaron a ladrar. Escuché voces y otros perros. Era jueves, podían ser cazadores, pero deseché la idea: llevábamos por aquel entonces 2-3 llamadas al 112. No iban a ser tan tontos como para cazar tan cerca de las casas. Otra vez. Apuré el paso, los perros conmigo, volvieron a casa y a la del vecino. En este punto hay que explicar que esto es monte. Vivimos en una aldea abandonada con solo dos casas en pie. No hay coches ni gente ni nada de nada, solo unos vecinos que vienen temporadas y adoran a los perros. Ellos están sueltos, generalmente en los alrededores de nuestras casas, aunque también visitan el pueblo de al lado y el de arriba. Los vecinos los conocen y saben de dónde son. No es raro aquí que los perros estén suelos. A veces viene gente que tiene tierras o árboles. Los perros les ladran y nada más. Nadie tiene ningún problema con ellos. Excepto los cazadores.

Aquí vivimos solos. No es un pueblo, es campo y monte.

                Al día siguiente de ese "encuentro", viene una patrulla del Seprona. Al llegar, los perros se acercan a ladrarles. Hablan con mi pareja, en ningún momento conmigo, que estoy dentro de casa y no me entero de nada hasta después. Le preguntan si los perros son suyos porque una persona los ha denunciado. Él les explica que los tenemos en régimen de acogida, como protectora de animales. Preguntan si tienen chip. "Algunos sí y otros no, que son los que esperan adopción". Ante su petición, él mismo les inmoviliza dos perros para que les pasen el lector. Uno tenía y otro no. Detallo esto para que se vea como desde el primer momento colaboramos y explicamos. Podría haberles puesto dos perros con chip y decirles que todos lo tenían, ya que no les pasaron el lector a todos. Pero no somos así. Nosotros no somos los que mentimos. Mi pareja les da mis datos por si necesitan más explicaciones sobre la protectora. Les pregunta de quién es la denuncia pero le dicen que ese dato nos llegará en una carta que recibiremos.

                Unos días después un agente me llama por teléfono y me dice que no podemos tener a los perros sueltos. Ese tema es de competencia municipal. En el Ayuntamiento los y nos conocen perfectamente (somos 1500 vecinos), tanto los conocen que la mitad nos llegaron a petición suya. Entonces me dice que tienen que tener el microchip. Le explico que no son míos, que somos una protectora que los cuidamos en casas de acogida hasta encontrarles un hogar, momento en el que se chipan. Me pregunta por los papeles de la asociación. En ese momento aún no estaban entregados. Entonces me dice que tiene que avisar al ayuntamiento y que va a llamar a la Xunta para que, palabras textuales, "agilicen el papeleo". Yo ya no le digo más pero me sorprendo porque la inscripción no la íbamos a hacer en la Xunta y, además, no se necesita registrarse en ningún sitio para constituirse como asociación, tan solo debe existir una voluntad manifiesta de tres o más personas. El registro se hace a efectos de acceso a subvenciones y para dar confianza a los colaboradores. No es obligatorio. En los 17 años que llevo con protectoras, nunca he pedido una subvención. La práctica totalidad de personas que colaboran a día de hoy conmigo lo hacen porque me conocen personalmente y esa ayuda económica se basa en unas cuantas madrinas y padrinos y los miembros del grupo teaming (15 en la actualidad, a ver si alguien se cree que vivimos de esto).

                Así las cosas mi sorpresa en mayúscula cuando me llega una carta de Medio Ambiente en la que se me solicitan los números de chip de los perros. Si no, inician expediente sancionador. Inmediatamente llamo al teléfono que indican y pregunto por la funcionaria que firma la misiva. Le explico el tema. Según mi información y consultas a varios abogados animalistas, al ser protectora y no "propietaria", no se chipa. De suceder algo, la responsabilidad está cubierta por la asociación. De hecho, ya pasó "algo" (no me voy a extender, quien tenga curiosidad que me pregunte) hace muchos años y respondí yo a título personal por llevar el perro y la asociación como su titular. Mi información era antigua así que quizás en estos años había cambiado. Por ello lo consulté con la funcionaria. Le dije que la prueba la tenía en que los perros de las perreras de la Diputación no tenían chip hasta que salían adoptados. Me dijo que desconocía el dato porque no hacía trabajo de campo, pero que le parecía lógico lo que le estaba exponiendo y, por tanto, lo iba a consultar. Si tenía que chipar a los perros me llamaba. Como veis, no solo colaboramos y dijimos la verdad desde el principio, sino que estábamos dispuestos a chipar si estábamos equivocados en nuestras informaciones. Lo digo para que quede claro que nunca ha habido ánimo de saltarse las leyes ni mucho menos con conocimiento. Le pregunto, además, quién ha denunciado. Según ella, el Seprona. No le consta denuncia de un tercero. Y denuncian por estar los perros sueltos y sin chip y porque me he negado a entregar las cartillas. Me indigno y le digo que en ningún momento me he negado a enseñarlas ¡porque en ningún momento nos las pidieron! Y aquí la funcionaria dice la frase clave del caso: criterio de autoridad. Si ellos lo dicen, así es. Mi palabra no vale. Da igual que me hayan mentido, que pongan una fecha que no fue, que mientan en la denuncia, que yo ni la haya visto. No importa, son los que llevan el uniforme y eso es lo que vale.

                Llamo al Seprona para pedirles esa denuncia de un tercero que, decían, me iban a mandar por correo. El agente me responde que no me la pueden dar por protección de datos. "Digo yo que si tengo que defenderme de una denuncia, al menos tengo que conocer de qué se me acusa". Entonces, de repente, ya no me la puede dar porque la tienen en Medio Ambiente. Que se la pida a ellos. Claro, lógico que no tengan copia (?). Nuevamente en Medio Ambiente me dicen que no me la pueden dar hasta que no se haya iniciado el expediente. Por suerte, del ayuntamiento también me envían una carta por el tema y tienen a bien adjuntar copia de la denuncia. Como me daban un plazo para entregar los números de chip, envío los que tengo, información de los otros perros y la documentación de la protectora, en trámite en ese momento.

                La funcionaria nunca me llamó. La siguiente noticia es una carta en la que se me informa de la apertura del expediente sancionador por un importe de 450 euros. La llamo yo. Le repito el argumento y, en un tono desagradable, me dice que denuncie a las perreras de la Diputación. Gracias a una colaboradora pongo el caso en manos de un ex trabajador de Medio Ambiente al que todo le parece un despropósito porque consideran la infracción grave en base a la legislación de perros potencialmente peligrosos, cuando ninguno lo es. De esta forma puede sancionar Medio Ambiente, si no sería competencia de nuestro ayuntamiento. Este hombre nos hace el favor de redactar la carta de respuesta, añadiendo alegaciones sobre el procedimiento, que a mí se me escapan y que, a su parecer, me dejan en situación de indefensión. Tiene claro que la denuncia no puede prosperar. Aún así, decidimos chipar a los perros, anticipándonos a posibles futuras "visitas".

Unos perros muy peligrosos...

                Desde ese momento, años 2016, da comienzo un intercambio de cartas que se prolonga hasta diciembre. Para no extenderme más (a quien le interese que me las pida), ellos insisten en aplicar legislación relativa a perros peligrosos. Mantienen afirmaciones como la de que solo se puede ser protectora teniendo refugio (es falso) o que han preguntado a los agentes y es verdad todo lo que escriben en la denuncia (¿van ellos mismos a decir que es mentira?). Yo insisto en que los perros no son peligrosos y aporto información legal sobre constitución de asociaciones y sus requisitos. La última carta la entrega en mano mi pareja, veterinario, con las cartillas donde otro veterinario actuante de la Xunta escribe que ninguno es de raza peligrosa, más una carta del ayuntamiento en la que lo confirman, además de añadir que no les consta ningún altercado con los perros. La funcionaria le dice que les obligan a tramitar así todas estas denuncias. De repente, la respuesta ya no la recibimos de nuestra oficina territorial, en Ourense, sino desde Santiago, sin que medie explicación.

                Desde nuestra última respuesta (recurso de alzada, me entero después) hasta su contestación, pasan diez meses. La Administración puede contestar cuando le da la gana, los administados tenemos plazos. Desestiman mi recurso y lo único que aceptan es rebajar la sanción, por haber puesto los microchips, de 450 a 300 euros. Consideran cerrada la vía administrativa y solo me queda interponer recurso contencioso, para lo que se requiere, como mínimo, abogado. En vista del "criterio de autoridad" que se gastan me temo que solo servirá para tener que pagarles más dinero, así que no me queda más remedio que pagarles ya.

                Agradecería vuestra ayuda y, sea cual sea, a cambio os ofrezco un curso para propietarios de perros y gatos, con información imprescindible para sus cuidados. Tendrá lugar online durante febrero de 2018, articulado en tres bloques sobre comportamiento, higiene y salud. Escribe a patasarribaprote@gmail.com

                Muchas gracias.